A juicio del consejo, formado por catorce expertos independientes de reconocido prestigio, experiencia y trayectoria profesional contrastada de diversas especialidades técnicas en el sector de las infraestructuras, tanto en el sector privado como en el público, esta colaboración público-privada es imprescindible para lograr la recuperación de la inversión en infraestructuras en España.
El Consejo Asesor presentó el pasado lunes el tercer informe que elabora desde su constitución, en 2017, un documento que lleva por título “La colaboración público-privada, un modelo necesario” y en el que se proponen los ejes principales para impulsar la CPP y hacer frente a las necesidades de mantenimiento de las infraestructuras, fomentar otras nuevas y asumir las profundas transformaciones tecnológicas en ámbitos como la movilidad, el ciclo de vida del agua o la energía.
El presidente del Consejo Asesor de Infraestructuras, Francisco Gutiérrez, recordó que “la CPP son acuerdos contractuales a largo plazo entre el Gobierno y un socio de su sector privado donde este último realiza la inversión, la financia y presta un servicio público utilizando un activo de capital y compartiendo los riesgos asociados al proyecto”, explican desde el Consejo.
“La forma más generalizada del CPP en nuestro entorno es la concesión que incorpora diseño, construcción, financiación, mantenimiento y explotación, es decir, la gestión durante toda la vigencia del contrato”, añaden.
Problemas
Uno de los principales obstáculos a la fórmula de colaboración público-privada es que este sistema de gestión en la prestación de servicios “no es bien recibido ni justamente valorado por la opinión pública” ya que a menudo se considera “que se hace un uso inadecuado del método para rehuir restricciones presupuestarias y no hacer el análisis coste-beneficio. También se critica la transferencia inadecuada de los riesgos o se interpreta que se han comprometido recursos futuros en infraestructuras”. Del mismo modo es habitual la concepción errónea de que una CPP equivale a una privatización o la vinculación de las inversiones relevantes con los sobrecostes.
Por ello, el Consejo Asesor de Infraestructuras defiende “la máxima transparencia y una correcta planificación a largo plazo con la colaboración de la sociedad civil, y realizar los estudios de rentabilidad económica, social y ambiental”.
La entidad también propone que se lleve a cabo una planificación consensuada, tanto política como socialmente, basada en datos objetivos; que se creen y potencien estructuras en la Administración especializadas en la CPP y se difunda este modelo de gestión. Desde la entidad aclaran que “la CPP por excelencia es aquella en la que el usuario es capaz de absorber todos los costos de la infraestructura o del servicio”.
Los miembros fundadores del Consejo Asesor de Infraestructuras son la Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería y Consultoras Independientes de Catalunya (ASINCA), la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC), la patronal Foment del Treball Nacional (FTN) y la Fundación Círculo de Infraestructuras (FCI).